Las instituciones que nuclean a los 230 colegios de gestión privada de Tucumán aseguraron que insistirán por la vía judicial por el incremento del valor de los aranceles, a pesar del revés que recibieron de parte de la Justicia semanas atrás y de que se abrieron canales de diálogo con el Ministerio de Educación. “No queremos quedarnos con una sola cosa. A veces caminamos un trecho juntos y después nos hacen a un lado. Hasta que el amparo se resuelva no vamos a parar”, manifestó el delegado Episcopal de Educación en el Arzobispado de Tucumán, Daniel Nacusse.

Las diferentes instituciones que representan a las instituciones privadas presentaron ante la Justicia cinco medidas de amparo en desacuerdo con las resoluciones de la cartera educativa, que les puso “un techo” al aumento de cuotas. Sostienen que se encuentran un 30% por debajo de los incrementos salariales que el Estado otorgó a los docentes dado que el Ministerio no emitió en 2022 los instrumentos legales para incorporar esas subas a los aranceles.

Situación judicial

La titular de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, María Florencia Casas, rechazó la cautelar que se planteó en los amparos. Entendió que la incidencia de los aumentos salariales mencionados y el desfasaje con el incremento de cuotas autorizados por la Provincia, lo cual provocó que los establecimientos asumieran mayores costos, “merecen un marco de discusión y prueba mucho más amplio y detallado que el que permite el ámbito cautelar”.

Nacusse, en ese sentido, dijo que interpretaron que la situación es muy compleja por lo que la herramienta de una cautelar no permite dirimir la cuestión. “Afecta a muchísimos colegios y hay mucha heterogeneidad para ver quién tiene razón. Lo que dice la jueza es que tiene que estar dirimido en otro ámbito, que es el Ministerio. Y nos hemos sentado con el Ministerio a calcular. Estamos en pleno proceso de diálogo, juntando todos los elementos”, explicó a este diario. A su vez, insistió con que sostendrán los planteos judiciales aunque se hayan logrado abrir espacios de diálogo.

El delegado Episcopal explicó que lo que se está buscando con la cartera educativa que comanda Juan Pablo Lichtmajer es volver al denominado sistema de bandas, que se implementó cuando la Educación pasó de la Nación a las Provincias, en 1993. “Conforme a la cantidad de aportes que recibís del Estado, proporcionalmente es lo que podés cobrar de cuota pragmática”, resumió. Añadió que si bien hay buena predisposición y diálogo, hay mucho por trabajar y actualizar en un sistema que se dejó de implementar en 2006.

Claves del conflicto

A inicios de marzo, responsables de distintos colegios reconocieron que la aplicación de incrementos por encima de los autorizados por el Ministerio de Educación, porque caso contrario se trabajaba “a quebranto”. Mediante la disposición N°38/2023, la cartera conducida por Lichtmajer fijó que el aumento en la cuota de las instituciones privadas sea de hasta un 16,8% en el mes de marzo, respecto al arancel 2022. Además, autorizó subas del 3,35% para los meses de abril, mayo y junio, y de hasta un 4% en julio.

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Los colegios privados, sin embargo, sostienen que la Provincia les adeuda una autorización para trasladar un 30% de incremento salarial que se dio a los docentes a fines de 2022 (Decreto N° 3.873). Por este motivo, el mes pasado aplicaron incrementos que rondan entre el 25% y el 30%.

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